El vicepresidente de Estados Unidos, Joseph Biden, telefoneó este
viernes al mandatario de Honduras, Juan Orlando Hernández, cuando iba de
camino a Guatemala para discutir una estrategia regional que haga
frente al flujo masivo de niños inmigrantes en la frontera sur
estadounidense.
Según un comunicado de la Casa Blanca, Biden llamó al mandatario
hondureño antes de encontrarse con sus pares de Guatemala, Otto Pérez
Molina, y El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, así como con
representantes de los Gobiernos de México y Honduras para discutir "esta
cuestión humanitaria urgente".
Biden llegó este viernes al país centroamericano, como última etapa
de una gira latinoamericana que empezó el lunes y lo llevó a Brasil,
Colombia y la República Dominicana.
El vicepresidente estadounidense solicitó a Hernández que trabaje "en
estrecha colaboración con el resto de líderes de la región para
desarrollar propuestas concretas" que aborden las causas fundamentales
de la migración ilegal desde Centroamérica.
Este jueves, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, llamó a
su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para estudiar las posibles
soluciones en un esfuerzo conjunto entre todos los Gobiernos implicados
por el flujo migratorio.
Los niños centroamericanos que cruzan solos la frontera hacia Estados
Unidos entran en un proceso de deportación una vez son detenidos, pero
las autoridades deciden su destino caso por caso.
La ley prohíbe al Departamento de Seguridad Nacional deportar a los
niños inmigrantes justo después de su llegada a Estados Unidos en caso
de que su país de origen no comparta una frontera con el país
norteamericano.
Un total de 34.611 niños de Guatemala, Honduras y El Salvador han
sido interceptados por las autoridades fronterizas estadounidenses en lo
que va del año fiscal (de octubre de 2013 a septiembre de 2014), de
acuerdo datos divulgados por el Departamento de Seguridad (DHS, por su
sigla en inglés).
Las autoridades calculan que la cifra de menores arrestados tras
llegar solos a la frontera sur del país ascenderá a unos 90.000 al
acabar el presente año fiscal, frente a los 28.352 del año pasado
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