El senado francés rechazó una propuesta de ley del año 2013 que proponía penalizar a las personas que pagan a cambio de sexo y decidió mantener la solicitación como ofensa.
Inicialmente, la Asamblea Nacional había votado por imponer multas de 1.500 euros a los clientes, trasladándoles la carga criminal de las prostitutas.
Aunque la prostitución es legal en Francia, la oferta de servicios sexuales (solicitación) en público y el proxenetismo no lo son.
Ahora la propuesta de ley tendrá que volver a ser discutida por la Asamblea.
La ministra de Asuntos Sociales francesa, Marisol Touraine, lamentó la decisión y la calificó de "absolutamente increíble y despectiva para con las mujeres".
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